Son muchos los perros de caza que cada día son abandonados cuando sus “amos” deciden que ya “no les sirven” para los fines para los que fueron educados. Y lo peor del abandono es que, la mayoría de las veces, se encuentran en un estado lamentable, pues han sido maltratados o torturados por esos que se hacen llamar “sus dueños”, o simplemente abandonados a su suerte por las carreteras y los montes.

Galgos, bracos, pointers, podencos... razas que gozan de gran popularidad debido a su absoluta lealtad, buen carácter y obediencia (por algo fueron elegidos por los cazadores) y, sin embargo, son desterrados y rechazados cuando ya no sirven para cazar. Los perros de caza que nos llegan al refugio suelen presentar el peor estado de abandono y maltrato de todos los casos que tenemos; además, ninguno lleva el microchip de identificación, algo que imposibilita buscar responsabilidades.

En defensa del galgo

En los últimos años se han dado ya algunos pasos para la defensa del galgo en España, ante el ascenso imparable de abandono y maltrato que sufre dicha raza en la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas. Concretamente, en Castilla y León se recogieron durante 2005 un total de 400 galgos en estado lamentable y de abandono, cifra que no recoge los que son sacrificados en las perreras municipales o de forma clandestina, en su mayoría por los cazadores o poblaciones marginales. Según las cifras que tiene la Federación Española del Galgo, existen 500.000 galgos en España, pertenecientes a los 180.000 galgueros federados.

En Castilla y León se utilizan los galgos no solamente para la caza sino también para carreras de alta competición: tanto en pueblos medianos y grandes, como en ciudades de más de 5.000 habitantes.

Como en todas las actividades que producen generosos lucros económicos, es un mal endémico y ancestral:
la cría de animales sin control, ni por parte de la Administración ni por las propias federaciones;
la falta de identificación de los animales; 
la ausencia del censo de perros en cada municipio por el propio Ayuntamiento;
la dejadez por parte de la Junta de Castilla y León a la hora de vigilar el cumplimiento de toda la normativa que publica;

Todo esto favorece, aparte del abandono, maltrato y demás aberraciones de todos conocidas:
la cría y la venta clandestinas y, lo que es más grave aún, 
el exterminio clandestino, tanto por parte de particulares como el que tiene lugar en establecimientos gestionados por empresas privadas a los que se les pide, como único requisito para realizar este servicio, estar declarado núcleo zoológico y tener un servicio veterinario que raramente se controla. 
La recogida de galgos "sobrantes" o de desecho se les encomienda a unas pocas entidades privadas, eso si antes no se les ha tirado a los pozos, o se les ha colgado en los montes cercanos.

Texto: Protectora Huellas